En abril del 2015, la empresa Constructora San Felipe S.A. solicitó a la oficina regional de Bienes Nacionales el arriendo de 4 hectáreas en el kilómetro 2 de la Ruta A-31 (sector Tutelares), para la instalación de una faena con presencia de oficinas, taller mecánico y de carpintería, bodegas y estacionamientos.
Según lo indica el proyecto, cuya renovación por 5 años se concretó en 2020, se realizaría un completo monitoreo y especial cuidado para respetar todos los procesos de conservación de la flora, fauna y arqueología presentes en esa zona.
Al día de hoy, la situación está lejos de presentar las correctas medidas de prevención, mitigación, reparación y compensación ambiental que el caso requería y, por el contrario, la faena se convirtió en un peligroso polo de contaminación para un sector sensible en temas medioambientales.
La situación fue advertida por la Seremi de Bienes Nacionales (BBNN), quienes, a través de diversas fiscalizaciones, confirmaron en terreno las condiciones de abandono del lugar, a pesar de mantener un arriendo fiscal en plena vigencia.
Según explicó el seremi de BBNN, Rodrigo Díaz, el caso reviste un serio riesgo y, por ello, “tomaremos todas las medidas jurídicas que nos sean posibles en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. No corresponde que una empresa incumpla sus obligaciones, deje este verdadero desastre y genere un riesgo para las personas y también para la fauna que sabemos habita en el sector. Hicimos una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente porque estos temas no deben quedar impunes”.
La autoridad regional indicó que instruyó el envío de un oficio a la Seremi de Medio Ambiente y, además, se solicitó a la Delegación Presidencial la autorización para iniciar acciones a fin de desalojar el inmueble y restituirlo al fisco.
“Nos preocupa, de sobremanera, que exista este foco de contaminación en una zona que hemos dispuesto como Ministerio para la protección y conservación de la golondrina de mar negra, que es un ave que está en peligro de extinción. Entregamos una concesión gratuita de 650 hectáreas a la Red de Observadores de Aves para el plan RECOGE en Pampa Chaca, porque sabemos que esta especie requiere de un programa de protección especial”, concluyó Díaz.
