El Juzgado de Garantía de Arica acogió ayer –martes 14 de mayo– la solicitud del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y resolvió que sea la justicia ordinaria la que investigue la muerte del conscripto Franco Vargas, fallecido, el 27 de abril pasado, mientras participaba en una marcha militar en las cercanías de Putre.
En la audiencia, el magistrado Juan Araya Contreras rechazó la solicitud de la ministra en visita Jenny Book Reyes, en orden que el tribunal de primera instancia se inhibiera de ver la causa y que sea la justicia militar la que lleve la investigación.
“El tribunal estimó que sea la jurisdicción ordinaria la que siga con la causa. Hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido que, al tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no sean castrenses sino bienes jurídicos distintos o de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad y la vida exceden al ámbito de la justicia militar común; razón por la cual el tribunal estimó que sea la justicia ordinaria la que tiene que conocer este tipo de asuntos”, dijo el magistrado.
La resolución del Juzgado de Garantía será enviada a la Corte Suprema, la cual deberá resolverá esta controversia en orden a confirmar el dictamen del tribunal de primera instancia o acoja la solicitud de la ministra en visita Jenny Book y que la causa sea vista por la justicia militar.
ARGUMENTOS
En representación del INDH, alegó el abogado de la Unidad de Protección de Derechos, Ignacio González, quien recordó los fallos de la Corte IDH sobre la necesidad de limitar el alcance de la justicia militar.
Justamente, recogiendo estos argumentos del INDH, el juez Araya Contreras hizo alusión al caso Palamara Iribarne, el que sentenció al Estado de Chile a fin de limitar el alcance de la justicia militar. Recordó que se obligó a adecuar su jurisdicción interna a estándares internacionales. Al respecto, leyó ante los intervinientes este párrafo: “En caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”.
Enseguida, subrayó el término “considerar necesaria”, insistiendo en que hay países que avanzaron mucho más en cuanto a justicia militar. “Aparentemente, Chile no como se quisiera. Si alguna jurisdicción hay, que tenga que ver con la disciplina. En ninguna circunstancia que un civil se vea sometido a ella”, dijo.
Además, recordó que una de las víctimas es la madre de Franco Vargas. “Ella no es militar, es una persona civil. Si queremos proteger a las víctimas y dar cuidado a sus garantías, el Ministerio Público tiene una capacidad instalada. Eso no existe en la justicia militar. No está hecha para eso”, razonó el juez. Y en cuanto a los eventuales imputados, el magistrado aludió a razonamientos del actual ministro de Justicia, Luis Cordero. “Desde la mirada del imputado, la jurisdicción militar es del sistema antiguo. Sus garantías van a estar a mucho mejor resguardo en la jurisdicción civil”, dijo el magistrado.
INDH VALORA DECISIÓN
Una vez conocida la decisión, la directora del INDH, Consuelo Contreras, dijo que “estamos muy conformes con la resolución del tribunal. Hoy día, ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país. Cuando la gente pregunta ‘¿los uniformados tienen derechos humanos?’, la respuesta es sí. Este es el mejor ejemplo. Estos jóvenes vieron gravemente vulnerados sus DD.HH. por una autoridad que cometió delitos contra ellos. Vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición”, señaló.
Además, Contreras destacó que “es importante que se acogiera la doctrina de derechos humanos, los fallos tanto de la Corte Suprema como la Corte IDH. Ya hay sentencias condenatorias contra el Estado de Chile en materias como ésta y tenemos que avanzar en ese sentido. No queremos más condenas al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos”.
“Tal vez la situación más grave es la muerte de Franco (Vargas)”, insistió la directora, “pero hay un conjunto de jóvenes haciendo el servicio militar, es decir, bajo el cuidado del Estado en un proceso de formación. Con ellos se cometieron delitos de apremios ilegítimos y no sabemos qué otros. Nosotros queremos conocer toda la verdad en esta materia”.
