Una segunda acusación por notable abandono de deberes interpusieron, ayer viernes, cuatro concejales de Arica, en el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra el alcalde Gerardo Espíndola, por considerar que existieron graves falencias en la administración municipal en la gestión del ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), organismo que estaba a cargo, hasta el año 2019, de la gestión de escuelas y liceos públicos de la comuna.
Los ediles patrocinantes son Daniel Chipana Castro (independiente por el PRSD), Mario Mamani Fernández (PS), Cristian Rodríguez Sanhueza (independiente) y Gabriel Fernández Canque (independiente).
En el libelo presentado ante el TER, los concejales denuncian la existencia de irregularidades detectadas por la Contraloría Regional de la República. Dicho organismo, tras una larga investigación, emitió el Informe Final N°538/2022, a través del cual advierte sobre el déficit del ex Daem al 31 de diciembre del 2020 por un total de 4 mil 512 millones de pesos. Según ese análisis, el monto constituye una pérdida patrimonial para la Municipalidad de Arica, situación que no pudo ser desvirtuada en sucesivas rendiciones realizadas por el municipio.
Esta acusación se suma a otra presentada, por los mismos denunciantes, el 29 de julio del año pasado, donde expusieron 11 hechos relacionados con faltas graves de servicio y en la gestión de recursos municipales. Dicha acción se encuentra en trámite en la fase probatoria en el TER.
DENUNCIA ABOGADA TER
Junto a este proceso, los cuatro ediles acudieron a la Contraloría Regional, el pasado 11 de enero, para denunciar graves faltas a la probidad, tras conocer que la abogada integrante titular del TER, Solange Gutiérrez Vergara, que ha participado en diversas resoluciones en el proceso contra el alcalde, había sido contratada como asesora legal en la Empresa Portuaria Arica, teniendo prohibición legal para desempeñarse en instituciones con financiamiento estatal y cuyo directorio tiene cercanías con el Partido Liberal, al cual pertenece el jefe comunal.
El pasado 8 de marzo, el organismo contralor emitió el Informe E319795/2023, a través del cual constató que la profesional prestó servicios en la EPA entre el 26 de septiembre de 2022 y el 1 de enero de 2023. Si bien la Contraloría se declaró incompetente para aplicar una sanción, en el documento estableció que la abogada vulneró la prohibición prevista en el artículo 8 de la Ley 18.593 que señala que “los cargos de los miembros de los Tribunales Electorales Regionales son incompatibles con el de cualquier otro Tribunal Electoral Regional, con el de miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco o de cualquier órgano de la Administración del Estado”.
OTRAS ANOMALÍAS
Los concejales expresaron su preocupación por situaciones que, durante estas últimas semanas, están afectando a la Municipalidad de Arica y que dicen relación con eventuales pérdidas patrimoniales por juicios relacionados con contratos por obras ejecutadas por empresas externas.
Uno de ellos corresponde a la paralización de las obras del Complejo Deportivo “Cardenal Raúl Silva Henríquez”. El proyecto fue fiscalizado por la Contraloría Regional, entidad que detectó falencias en la construcción e indicó que el contratista debería retornar fondos pagados por el municipio debido a incumplimientos en la ejecución del proyecto. Los ediles cuestionaron la fiscalización realizada por la Municipalidad a estas obras, las cuales se encuentran hoy, prácticamente, paralizadas.
Asimismo, los concejales expusieron su preocupación por la pérdida patrimonial que generará el contrato finiquitado unilateralmente a la empresa E y D Espacios Deportivos. En este caso, el municipio deberá pagar por orden judicial un total de 2 mil 500 millones de pesos, por su condición de deudor solidario por pagos no realizados a los trabajadores por parte de la empresa mientras ejecutaba el contrato municipal.
Finalmente, el concejal Daniel Chipana Castro expresó que “estamos muy preocupados por el sinnúmero de hechos que están afectando a la Municipalidad de Arica y que están significando pérdidas patrimoniales. Decidimos recurrir a la justicia basándonos en nuestra facultad fiscalizadora, con el fin de que el alcalde responda por estas situaciones. Llama la atención que no tengamos la unanimidad de los concejales respaldando estas acciones y que, por razones que desconocemos, se hayan omitido guardando silencio pese a que conocen estos graves antecedentes. Aquí no se trata de una persecución política, sino de ejercer las facultades fiscalizadoras para cuidar el patrimonio de toda la ciudadanía”.
