(SERVINDI) A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirigió al gobierno de Bolivia para solicitarte que acoja las medidas necesarias que eviten la impunidad en los casos que atenten contra los derechos humanos.
“La CIDH urge al Estado (de Bolivia) a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes”, expresó el órgano internacional.
En el texto que fue publicado el pasado 19 de noviembre, la Comisión Interamericana reitera su condena al uso excesivo de la fuerza pública (Policía Nacional y las Fuerzas Armadas) que intenta reprimir las recientes manifestaciones en el país andino surgidas a partir del contexto de violencia social post electoral.
Tras dar cuenta de los últimos reportes de víctimas que registran desde el 20 octubre a 23 personas fallecidas, 715 heridos y 624 detenidos, la CIDH advierte que es preocupante observar cómo —desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia— se vienen realizando operaciones combinadas entre la fuerza pública sin que exista un adecuado sustento legal para controlar el orden público, dejando a su paso innumerables víctimas.
“Desde la salida de ex-presidente Evo Morales la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, han generado un incremento en el número de personas muertas y heridas”, señaló la CIDH, además de considerar que este excesivo uso de la fuerza pública estaría afectando la labor periodística y, por ende, a la libertad de expresión.
Asimismo, la Comisión Interamericana confiesa haber recibido con “profunda preocupación”, la noticia de la emisión del Decreto Supremo N°4078, normativa que pretende eximir de responsabilidad penal a los agentes de las fuerzas armadas que participen en las operaciones para reestablecer el orden público.
“Es de resaltar que la Corte IDH estableció que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”, enfatizó el órgano internacional.
En ese sentido, la CIDH le recordó al gobierno de Bolivia que la función de las fuerzas armadas no debe estar enfocada en el control de disturbios internos, puesto que su formación se encuentra dirigida a conflictos internacionales.
Por último, aunque la Comisión Interamericana reconoce la asunción al cargo presidencial de Jeanine Añéz, considera que es necesario instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo que permita organizar nuevas elecciones transparentes en un plazo de 90 días.
“Ante la crisis política e institucional es crucial que se construya un diálogo nacional amplio, creíble y representativo para una salida constitucional para la crisis”, apuntó la CIDH, recordando que parte de esta solución incluye la debida reparación a las víctimas del conflicto por parte del Estado boliviano.
El comunicado completo en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp
