Cada vez que las temperaturas bajan con fuerza, el país reacciona. Se activa el Código Azul, una política pública que reúne al Estado y a organizaciones de la sociedad civil para buscar a quienes viven en situación de calle y ofrecerles abrigo, atención y un lugar donde pasar la noche. Es un esfuerzo valioso que merece ser reconocido, porque refleja una convicción compartida: ninguna persona debería morir de frío.
Pero el frío no es la principal causa de muerte de quienes viven en la calle. Según el Observatorio Panorama de Calle, entre 2020 y 2024 fallecieron 443 personas en situación de calle en Chile. La primera causa de muerte fue el homicidio. La segunda, los atropellos. Recién en tercer lugar aparece la hipotermia.
La calle mata todos los días del año.
Mata por la violencia, por la exclusión y por la enorme fragilidad en que viven miles de personas que han quedado fuera de las redes de protección. Y en invierno, además, mata de frío.
Por eso cuesta entender una contradicción evidente que vemos por estos días. Mientras el Estado moviliza equipos, recursos y voluntarios para evitar que una persona muera por las bajas temperaturas, en distintos lugares se siguen realizando desalojos de rucos.
Es decir, mientras una política busca proteger la vida, otra, improvisada, cara y populista, termina quitando el único refugio que muchas personas tienen para enfrentar la noche.
Nadie sostiene que un ruco sea una solución. No lo es. Es la expresión más dramática de la falta de una vivienda, de vínculos rotos y de oportunidades perdidas. Pero mientras no exista una alternativa real, ese espacio precario puede marcar la diferencia entre resistir una noche de invierno o quedar completamente expuesto al frío, a los atropellos y a la violencia.
La evidencia internacional y la experiencia de quienes trabajamos diariamente en esta realidad muestran que desalojar no resuelve el problema. Solo lo desplaza. Es una medida costosa en recursos públicos y pobre en resultados.
Lo que sí da resultados es la coordinación. El Código Azul es una muestra de ello. Cuando el Estado, los municipios, las organizaciones sociales y la ciudadanía trabajan juntos, es posible llegar a tiempo y salvar vidas. Esa misma lógica de colaboración debiera inspirar todas las políticas dirigidas a las personas en situación de calle: proteger antes que expulsar, acompañar antes que sancionar, ofrecer alternativas antes que desalojar.
También la ciudadanía tiene un papel importante. Si vemos a una persona cuya vida pueda estar en riesgo por las bajas temperaturas, podemos activar la red de ayuda llamando al Fono Calle, al 800 104 777, opción 0.
Pero hay algo más que podemos hacer como sociedad. Podemos dejar de mirar a las personas en situación de calle como un problema que hay que esconder y empezar a reconocerlas como personas con derechos.
Difícilmente construiremos mejores políticas públicas si primero no somos capaces de mirar a los ojos a quienes esas políticas buscan proteger. Que este invierno no nos encuentre solo contando cuántas personas logramos rescatar del frío. Que también nos encuentre preguntándonos cómo evitamos que alguien tenga que pasar otra noche en la calle. Esa es la conversación que Chile necesita.
