Unos padres de familia de alrededor 70 años de edad de la comuna de Panguipulli, compraron con mucho esfuerzo un computador en plena pandemia, con el objetivo que su hija pudiera continuar sus estudios, dada las restricciones sanitarias y de movilidad.
Era el año 2021, el computador había sido adquirido por un valor de $900.000, pero, además, habían pagado una garantía extendida de $135.000.
Al poco tiempo, el producto comenzó a presentar fallas, siendo la más grave, que el ordenador apagó su pantalla por completo. Tras ello, decidieron llevar el computador para su reparación a la tienda ABCDIN, retail donde lo habían adquirido.
En busca de una solución, los padres afectados, que son residentes vulnerables del campo de la región de Los Ríos, se contagiaron de Covid por los continuos viajes que debían realizar de Panguipulli a Villarrica, pues allí estaba ubicada la sucursal de ABCDIN.
Finalmente, les recibieron el producto con la promesa de una solución que nunca ocurrió, luego de meses, le devolvieron el computador sin arreglo alguno y le advirtieron que no le recibirían de nuevo.
En ese escenario, la consumidora se acercó a una plataforma de atención municipal del SERNAC ubicado en la Municipalidad de Panguipulli. En el lugar fue orientada del paso a paso para interponer un reclamo en el SERNAC y una denuncia en el Juzgado de Policía Local de la comuna, acción que concretó.
De forma paralela, la Dirección Regional del SERNAC en Los Ríos presentó una denuncia para que la empresa pudiera ser sancionada por su falta de diligencia en la prestación del servicio de postventa e incumplimiento y negativa en dar efectividad a la garantía legal y a la garantía extendida contratada por el consumidor.
En esa instancia judicial y luego de analizar los antecedentes del caso, el juzgado de policía local estableció que la multitienda ABCDIN había infringido la Ley del Consumidor (LPC), al vender un producto que venía con fallas, provocando un menoscabo a la consumidora afectada, señalando que se debe respetar el derecho a la garantía legal, sin restricciones, condicionamientos o negativa por parte de la empresa.
Por lo que, el juzgado condenó a la tienda a pagar $934.870 por el valor del computador, $1.500.000 por el daño moral causado y una multa de 1.500 UTM, unos 100 millones de pesos a beneficio fiscal por infringir la LPC.
El dictamen judicial de primera instancia, ratificado tanto por la Corte de Apelaciones de Valdivia como por la Corte Suprema es un fallo que aplica una de las multas más altas impuestas en juicios por interés general en nuestro país.
La decisión de la justicia envía un mensaje claro a las empresas sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones y ofrecer un servicio profesional y de calidad, incluyendo obviamente el ejercicio legítimo de la garantía de los productos adquiridos.
SERNAC hace un llamado a las y los consumidores a reclamar cuando sus derechos no son respetados por las empresas, comprometiéndose de antemano a realizar las acciones pertinentes para ir en su defensa, tal como ocurrió en este caso en Valdivia.
