El reciente Informe del Poder Judicial sobre Visitas a los Centros Residenciales de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no nos sorprende. Solo en mayo, numerosos reportajes de prensa han denunciado que las residencias están “sobrepobladas” y el sistema está en crisis.
La evidencia y la experiencia es clara: a mayor número de niños y niñas por residencia, mayor es el estrés e impacto en su vida cotidiana, vínculos y estabilidad dentro de la casa. Residencias con hacinamiento o sobrecupo enfrentan un mayor número de crisis. Lo que no dice el Informe es que es el mismo Poder Judicial quien obliga a las instituciones a recibir a los niños y niñas, estresando aún más el sistema y atentando contra sus procesos terapéuticos.
Por ello, desde la iniciativa “Acción por la Infancia”, como Hogar de Cristo y otras fundaciones, hemos trabajado desde el 2017 en el pilotaje y escalamiento de un Modelo de Residencias Familiares, apuntando a la profesionalización de los equipos, el diseño de una infraestructura acorde al desarrollo de una vida familiar, la generación de un ambiente terapéutico, y también a la reducción de la capacidad de las residencias.
Quisiéramos que ningún niño o niña necesite una residencia. Estamos convencidos que el Modelo de Residencias de Vida Familiar es una alternativa para adolescentes que viven graves vulneraciones a sus derechos y que no cuentan con un soporte familiar. La mayoría de las organizaciones que trabajamos con Residencias queremos seguir con ellas, convencidos que son un complemento a los modelos familias de acogida, a los programas ambulatorios y preventivos.
Sostener este compromiso requiere de un esfuerzo mancomunado entre el Estado y la Sociedad Civil. Tras la reciente Cuenta Pública, esperamos mayor agilidad y calidad en la implementación de la política, liberar los recursos comprometidos en el presupuesto 2024 y, confianza en la experiencia y en el trabajo que intentamos hacer bien.
