El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en una actividad encabezada por el Presidente de la República junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se firmó el decreto que instala el Plan Nacional de Búsqueda como una política pública permanente. El objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las personas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
Este plan cuenta con tres objetivos específicos: esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. De estos propósitos se desprenden 8 metas, 23 acciones y 46 actividades, con sus respectivos responsables y colaboradores, algunas de las cuales ya se han puesto en ejecución.
En todo el país, organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas, como otros actores relevantes, participaron en las distintas etapas de información y construcción del plan, considerando los contextos territoriales. En la Región de Arica y Parinacota, tenemos 9 víctimas de desaparición forzada. Nuestro compromiso se orienta a desarrollar las acciones que esta política pública contempla para avanzar en ese gran objetivo que es saber qué pasó con ellas y hallarlas.
Como Ministerio y Seremi seguiremos acompañando y trabajando bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, fortaleciendo la institucionalidad con el fin de aplicar el Plan Nacional de Búsqueda en nuestra región como en todo nuestro país y de esta manera el Estado pueda saldar la deuda histórica que mantiene con las víctimas de la dictadura cívico militar. El Plan, durante su ejecución, mantendrá uno de sus pilares básicos: la participación activa de representantes de familiares y organismos de derechos humanos, porque nos hemos impuesto no sólo cumplir, sino que dar cuenta de ello.
