(Servindi) Daniel Ortega ha ejercido, en total, cinco gobiernos y, desde el 10 de enero de 2007, es el actual presidente de la República de Nicaragua de forma ininterrumpida, poder al cual se ha aferrado a cualquier costo.
Después de las protestas sociales de 2018, diversos analistas, figuras políticas, comité de periodistas y organismos no gubernamentales califican a Daniel Ortega de autoritario y lo comparan con el dictador Anastasio Somoza Debayle.
ORTEGA Y MURILLO
La imagen de Daniel Ortega ha sido desdibujada por la elección de Rosario Murillo Zambrana, quien. desde el 10 de enero de 2017. es la vicepresidenta de Nicaragua.
Murillo ha sido criticada por contribuir a la degradación del sistema político nicaragüense debido a la persecución a la que se ve sometida la oposición política y sus constantes discursos de odio.
Tuvo 10 hijos en diversas parejas, siete con Daniel Ortega. En mayo de 1998, la hija primogénita de Murillo, Zoilamérica Narváez Murillo, denunció haber sido abusada sexualmente desde los 11 años por su padrastro Ortega.
Zoilamérica confesó que fue abusada por Ortega a los 11 años y violada a los 15. Ella dijo a OK Diario: “Él (Daniel Ortega Saavedra) eyaculó sobre mi cuerpo para no correr riesgos de embarazos, y así continuó haciéndolo durante repetidas veces; mi boca, mis piernas y pechos fueron las zonas donde más acostumbró echar su semen, pese a mi asco y repugnancia. Él ensució mi cuerpo, lo utilizó a como quiso sin importarle lo que yo sintiera o pensara. Lo más importante fue su placer, de mi dolor hizo caso omiso”.
Murillo tomó posición a favor de su marido y dijo sentirse “avergonzada” de su primogénita: “Les digo con toda franqueza, me ha avergonzado terriblemente que a una persona con un currículo intachable se le pretendiera destruir y (que) fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla cuando no vio satisfecha su ambición”, señaló a La Prensa.
El caso no trascendió legalmente debido a que Daniel Ortega gozaba de inmunidad como expresidente (1980-1990) y porque la causa había prescrito, según la justicia nicaragüense. Zoiloamérica se vio obligada a exiliarse en Costa Rica.
LA REPRESIÓN DE 2018
En abril de 2018, tras la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se abrió un episodio de protestas populares por "ciudadanos autoconvocados" en las que se produjo la muerte de entre 450 y 535 personas, según fuentes periodísticas.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), se produjo la muerte de entre 3.940 y la desaparición de 1.300 personas por la actuación de las fuerzas de orden público y grupos incontrolados.
Organismos como la OEA y la CIDH responsabilizaron al gobierno por la muerte de más 325 ciudadanos y la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, reconoce a 269 víctimas, 45 incluido a 22 oficiales de la Policía Nacional.
El gobierno nicaragüense sólo reconoció a 200 muertos y acusó a los manifestantes de ser causantes de dichos sucesos a pesar que numerosos heridos y muertos tenían heridas de bala de fusiles de asalto, principalmente, AK 47.
Las trayectorias de las balas indicaban que se había disparado "a matar" desde sitios privilegiados, lo que daba pie a la hipótesis que hubieran sido efectuados por la policía o personal entrenado.
MEDIDAS EXTREMAS, ILEGALES Y ANTICONVENCIONALES
El 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió judicialmente privar de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a 94 personas identificadas como opositoras políticas.
La resolución se dictó sin juicio previo y condenó a estas personas a la "muerte civil" a las que se calificó de "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria".
Entre los afectados, se encuentran personas defensoras de derechos humanos que cooperan habitualmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH).
La resolución tiene como precedente la excarcelación de 222 personas, ocurrida el 9 de febrero, a quienes también se les privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense luego de ser "deportadas" a los Estados Unidos como castigo.
Ello ocurrió, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas.
El mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional anunció la aprobación expedita de una reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de nacionalidad, así como de una nueva ley que "regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense".
Ambas normas se aplican como supuesto fundamento para privar de su nacionalidad a las personas nicaragüenses consideradas opositoras al gobierno, a las que llaman "traidoras a la patria" perpetuando un clima de terror en la población.
La privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado Parte.
CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL
Otra de las características del regimen de Ortega es el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua con el fin de amedrentar a los activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país.
Así lo alertó un grupo de expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una carta dirigida al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, el lunes 29 de julio de 2022.
Hasta esa fecha, la ONU contabilizaba el cierre, a pedido del Gobierno y efectuado por la Asamblea Nacional, de más de 700 organizaciones, 487 de ellas producidas sólo en el mes anterior.
En su carta, los expertos aseguran que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones en el país “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”.
ESTADO POLICIAL
“La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades”.
Así lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua.
El informe de la CIDH titulado “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, cuenta con 70 páginas y fue publicado el 28 de octubre de 2021.
En el documento, el organismo internacional refiere que el “régimen de supresión” instalado por Ortega opera mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión estatal.
REPRESIÓN A INDÍGENAS
Al menos 19 indígenas fueron detenidos luego de protestar contra un supuesto fraude electoral en las elecciones municipales de Nicaragua, realizadas el 6 de noviembre, según destacó un artículo de Servindi.
En dichos comicios, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se adjudicó el total de las 153 alcaldías en disputa, en medio de denuncias de manipulación de los resultados.
La mayoría de los detenidos, entre los que hay mujeres y niños, pertenecen al partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), literalmente en misquito “Hijos de la Madre Tierra”.
Yatama aseguró haber ganado con amplia ventaja las alcaldías de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, al sureste de Nicaragua, y anunció una comisión para investigar los hechos, situación que habría incomodado al gobierno de Ortega.
RENUNCIA DE RECONOCIDO JURISTA
El jurista norteamericano Paul Reichler –de reconocida trayectoria como litigante en la Corte de La Haya– renunció a la defensa de Nicaragua por “conciencia moral” mediante una carta enviada en marzo de 2022, como mostró Servindi en una nota.
“No sé qué le hizo cambiar, pero Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, indicó Reichler.
“Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia en cuya construcción él participó decisivamente y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar”.
“También me resulta inconcebible que el Daniel Ortega, al que serví, pudiera haber forzado al exilio a sus más ilustres ciudadanos”, prosigue la misiva de Reichler.
LA IZQUIERDA Y EL PROGRESISMO CÓMPLICE
Cabe recordar que, en 2019, la Internacional Socialista expulsó al partido FSLN por sus “violaciones a los derechos humanos y valores democráticos” durante las protestas.
“Resulta sorprendente que sectores de izquierda, en la región, sigan apelando a una defensa casi religiosa del actual Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el cual desde hace muchos años no tiene nada de revolucionario ni de progresista”.
Así lo sostiene el analista Andrés Kogan Valderrama, quien aseguró que el partido FSLN “se volvió un partido fuertemente reaccionario y lacayo de organismos coloniales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, según destacó Servindi en un artículo.
“Lo que está pasando en Nicaragua se vuelve gravísimo no sólo para ese país, sino también para el futuro de toda la región, por lo que ahora, más que nunca, se necesita tomar posición clara y sin ambiguedades al respecto”, afirmó Kogan.
“Quienes criticamos la represión y las violaciones a los derechos humanos en países como Chile y Colombia, no nos podemos mantener al margen y estar callados de lo que está pasando en Nicaragua”, concluyó Kogan Valderrama.
