A raíz del edificio con más de 30 departamentos tomados en Meiggs, donde su dueño continúa pagando créditos hipotecarios y contribuciones, el tema de las ocupaciones ilegales o denominadas “Casas Ocupas” ha dejado en evidencia la difícil situación de miles de propietarios que deben lidiar con esta realidad.
La inflación y las barreras económicas de acceso al arriendo han empeorado la situación. Según los analistas de Devuelevemmicasa.com, las solicitudes de restitución de propiedad por esta causa han aumentado en un 25% del total de demandas tramitadas.
“Las ocupaciones ilegales son un tema de hace varios años en Chile. Pero estos últimos meses, hemos visto un aumento sostenido de las solicitudes de demandas por restitución de propiedad por esta causa, ya que la nueva ley “Devuélveme mi casa” permite recuperar la vivienda de los denominados ocupas, en un tiempo exprés y a pesar de que, en estos casos, no se cuenta con contrato”, explicó Carolina Moncada, gerenta legal de Devuelvemicasa.com.
CÓMO APLICA LA LEY
Una de las novedades de la nueva ley de arriendo es que no sólo aplica para deudas de arriendo, sino que se suman otras causales: deudas de gastos comunes, no pago de cuentas de luz, agua o gas y ocupaciones ilegales.
En este último caso, al no haber un contrato de por medio, lo que se requiere es individualizar a alguno de los ocupantes para poder interponer la demanda.
“Desde que comenzó a aplicar la nueva ley de arriendo, la mayoría de los casos que teníamos asociados a esta causal eran en regiones, en segundas viviendas, ya que son propiedades que pasan muchos meses sin moradores. Sin embargo, hoy vemos dos elementos nuevos. El primero, es que las personas se están atreviendo a demandar y, por consiguiente, a desalojar aprovechando los beneficios de la nueva ley Devuélveme mi casa. Y lo segundo, es que se ha incrementado un alto índice de ocupaciones ilegales en propiedades para inversión, ya sea departamentos o casas. Incluso, en propiedades que representan los ingresos permanentes de un grupo familiar o de adultos mayores que decidieron vivir con familiares para complementar ingresos, ya que la pensión no les da para vivir”, explicó Moncada.
Lo positivo es que hoy los propietarios pueden recuperar sus viviendas ocupadas ilegalmente, a través de la “presentación de una demanda, luego viene la notificación y resolución, con la cual se genera un plazo de 10 días corridos desde la notificación de la demanda para pagar u oponerse. Si la persona no paga, no comparece, o no se opone dentro de los 10 días corridos, la resolución es sentencia definitiva y se ordena el desalojo”, concluyó la abogada.
