Ante la preocupación por la eventual paralización de la línea de microbuses eléctricos E-1 en el sector norte, el gobernador regional, Diego Paco, anunció gestiones directas con el Presidente José Antonio Kast, para implementar un perímetro regulado en Arica.
Esta medida estructural busca transformar la ciudad, actualmente, la única capital regional del país con un sistema de transporte no regulado, hacia un modelo donde el Estado garantice y subsidie recorridos, tarifas y frecuencias para toda la comunidad en un área geográfica definida por el Ministerio de Transportes.
Durante su intervención en el Consejo Regional, la máxima autoridad fue enfática en explicar la raíz del problema de conectividad que sufre la ciudad. Según detalló, en un sistema de transporte no regulado son las propias empresas o líneas de micros quienes eligen de forma autónoma el recorrido, la frecuencia y las tarifas, priorizando la rentabilidad comercial. Por el contrario, en un sistema regulado, es el Estado, a través del Ministerio de Transportes y el Gobierno Regional, quien define las rutas estratégicas, asegura la cobertura en zonas alejadas y entrega subsidios directos a la operación.
El gobernador explicó que todas las personas de una ciudad tienen derecho a acceder a movilización, incluso, si se trata de un sólo pasajero en sectores como Villa Frontera. "Pero al empresario no le conviene. No va a ir por una persona hasta Villa Frontera. Como no es un sistema regulado, no podemos obligar a la empresa a que vaya al sector norte o a algún perímetro donde haya pocos pasajeros", precisó la autoridad, subrayando que no es un problema de falta de fondos del GORE, sino de ausencia de una normativa que les permita subsidiar la operación diaria.
Esta limitación legal es precisamente la que hoy afecta a la Línea E-1 de la empresa Sotranzel. El Gobierno Regional apoyó la puesta en marcha de este recorrido, aprobando más de 1.473 millones de pesos que financiaron el 72% de las máquinas que iniciaron su operación en agosto de 2025.
El gobernador aclaró que existe un contrato formal donde la empresa se comprometió a operar por cuatro años, advirtiendo que, si dejan de funcionar, tienen la obligación legal de devolver los recursos. Por ello, instó a los empresarios a sentarse a conversar con el Ministerio de Transportes para encontrar una salida lo antes posible que no perjudique sus ganancias ni a la comunidad.
De forma paralela a la solución de fondo, Diego Paco sostuvo reuniones de urgencia con el seremi y el subsecretario de Transportes para encontrar alguna jurisprudencia que evite la suspensión del servicio proyectada para el 1 de junio, protegiendo así a los usuarios y las fuentes laborales. Sin embargo, recalcó que la meta definitiva ya está en marcha.
Tras plantear la urgencia al Presidente de la República, se logró un compromiso formal del Ejecutivo para avanzar en la regularización mediante un perímetro de exclusión, lo que implicará una inversión de 11 mil millones de pesos. "Hoy, la solución de mediano plazo es regularizar el transporte público y voy en esa línea. Como somos autoridades de este periodo, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que trabajar en la solución, buscarla y unirnos para encontrarla en conjunto para elevar el nivel del transporte a toda la ciudad", concluyó el gobernador.
