El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a autoridades de Gendarmería, realizaron una visita inspectiva al Complejo Penitenciario de Arica para conocer, en terreno, los avances de la segunda etapa del sistema de gestión de telefonía en recintos penales a nivel país.
La actividad consideró una presentación técnica a cargo de la jefa del Departamento de Tecnologías Penitenciarias, coronel Atenea Crisosto, y un recorrido por las instalaciones donde se implementan los equipos de bloqueo selectivo de señal celular, que busca impedir el uso indebido de teléfonos móviles al interior de los establecimientos penales y fortalecer las capacidades de control institucional frente a nuevas formas de criminalidad.
El ministro Gajardo manifestó que “estamos viendo, en terreno, como se está implementando la segunda fase de inhibición de la telefonía de celular de un proyecto que es muy clave para la seguridad penitenciaria. Se van a incorporar nueve establecimientos penales a lo largo del país”.
La autoridad ministerial agregó que “aquí, en la región de Arica y Parinacota, en este establecimiento penitenciario, va a comenzar este proyecto que moderniza la tecnología que ya tenemos vigente en el cuadrante de Pedro Montt, en Santiago, que nos va a permitir llegar, dentro de este año, al 50% de las personas privadas de libertad con inhibición de telefonía de celular. Esto es importantísimo para la gestión, es muy relevante para la seguridad penitenciaria y, además, da cuenta del trabajo del Gobierno en esta materia”.
Asimismo, el ministro expresó que “esta segunda licitación incorpora a 75 establecimientos con telefonía pública que va a permitir, progresivamente, ir eliminando el dinero circulante en los establecimientos penales, con eso, también mejoramos la seguridad de nuestra población y evitamos todas las estafas telefónicas que se desarrollan lamentablemente muchas veces desde los establecimientos”.
Esta iniciativa se enmarca en la Política Nacional contra el Crimen Organizado impulsada por el Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, y contempla la incorporación de tecnología especializada que permite detectar, ubicar y bloquear dispositivos móviles utilizados de forma ilícita al interior de los establecimientos penitenciarios.
