La independencia del Poder Judicial no es sólo un principio jurídico, sino el pilar que garantiza que todos los ciudadanos puedan defender sus derechos frente a abusos o ilegalidades. Sin esta independencia, el estado de derecho pierde su esencia y, con ello, también nuestra confianza en el sistema democrático.
Sin embargo, la independencia no puede desvincularse de la responsabilidad y la transparencia. Los jueces, como depositarios de una enorme confianza social, no están más allá del escrutinio público. No son ángeles ni demonios, y como tales pueden cometer errores o incluso incurrir en conductas que no corresponden al alto estándar ético y legal que su rol exige. Precisamente por eso, los mecanismos de rendición de cuentas son esenciales para reforzar la legitimidad del sistema judicial.
En este contexto, la reciente apertura de cuadernos de remoción contra ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago pone en evidencia la tensión entre independencia y responsabilidad. Resulta fundamental que estos procedimientos disciplinarios se conduzcan con apego irrestricto a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, puesto que con ello no solamente se protege a los jueces de posibles interferencias indebidas, sino que se fortalece la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
El desafío radica en equilibrar estos principios sin que ninguno de ellos se vea comprometido. La independencia debe blindar a los jueces frente a presiones externas, pero también permitir una revisión de sus actuaciones cuando éstas se aparten de la ética o la legalidad. Por su parte, la transparencia y la responsabilidad no deben ser utilizadas como excusas para debilitar la imparcialidad que es la base del sistema de justicia.
Lo que está en juego no es únicamente la reputación de los jueces involucrados. Es la confianza de la sociedad en que la justicia es, y seguirá siendo, uno de los pilares más relevantes que sostiene nuestro estado de derecho. En consecuencia, debemos cuidar con esmero ese equilibrio, porque la independencia, la responsabilidad, la transparencia y el respeto al debido proceso son indispensables para garantizar un Poder Judicial al servicio de todas y todos.
