Con el apoyo de la fuerza pública, la Junta de Vigilancia de los Ríos Vítor, Codpa y sus afluentes concretó una denuncia formal sobre el cierre irregular del camino público que permite el acceso a las diversas bocatomas del río Vítor en la localidad de Chaca. El cerco instalado actualmente impide fiscalizar la adecuada repartición de las aguas que escurren por ese cauce.
El presidente de la organización de regantes, Fredy Riobó, y el tesorero Luis Araya, se constituyeron en el sector, donde fueron acompañados por una patrulla de Carabineros de Chile y por socios de la entidad. En el lugar, concretaron la denuncia, entregando su testimonio a la policía uniformada y facilitando registros gráficos en el mismo terreno donde fue instalado un portón metálico con candado, estructura que impide el uso del camino público.
Los directivos se mostraron conformes con la diligencia, dado que Carabineros comprometió su derivación a la Fiscalía del Ministerio Público de Arica y Parinacota, para el inicio de una investigación penal sobre esta anómala situación.
Riobó expresó que "llegaremos hasta las últimas consecuencias, ya que aquí ha existido mucho maltrato de un pequeño grupo de personas a nuestros socios, que están impidiendo que el celador verifique que el reparto de las aguas se haga de acuerdo a la cantidad de agua que cada uno tiene asignada. No se puede aceptar que alguien que se cree superior por tener un apellido extranjero, se crea con el derecho de pasar a llevar a la junta de vecinos y a las organizaciones indígenas. Desde el año 2019, se constituyó una junta de vigilancia para este cauce y tenemos facultades legales para supervisar la distribución de las aguas, aunque a ellos no les guste".
Por su parte, el tesorero Luis Araya explicó que "como se puede apreciar en esta visita, está bloqueado el paso a la servidumbre, sendero que nos permite verificar cómo se está entregando el agua en las bocatomas existentes en el río Vítor. En una visita anterior fui agredido por un comunero que es el gestor de este cierre ilegal en un camino que es público y así figura en los planos oficiales de estos terrenos. Este es un camino que siempre se ha usado y no se entiende por qué ahora no quieren que se utilice".
El dirigente sostuvo que la junta de vigilancia tiene atribuciones legales para ingresar por el camino, para verificar la correcta repartición de las aguas. Lamentablemente, dijo, "esta tarea hoy no es posible ejecutarla y resulta que tenemos la denuncia de regantes aguas debajo de este punto, que nos han señalado que el agua no les está llegando. Tenemos que verificar entonces si hay algún tipo de manejo que se esté haciendo del río y que podría estar provocando este problema. Aquí todos los socios tienen derecho a regar y nadie por sentirse superior, puede perjudicar a otros e impedirle que riegue sus cultivos".
Araya planteó que la organización cuenta con una denuncia concreta del sector Tres Poniente aguas abajo, donde concretamente no han podido regar durante 2 turnos. Es más, la dirigencia posee registros gráficos que evidencian la construcción de diques con sacos de arena en el cauce, para evitar que el agua avance los comuneros situados al costado poniente de la Ruta 5.
Junto con la denuncia en la Fiscalía del Ministerio Público, los dirigentes anunciaron que pedirán una fiscalización a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con el fin de que verifique en terreno la instalación de un cerco que impide el acceso al camino público y sancione a los responsables.
ORDEN JUDICIAL
La junta de vigilancia pretende que, a través de una orden judicial, basada en el artículo 242 del Código de Aguas, se logre restablecer el acceso vial. En la normativa se señala que "el directorio podrá solicitar de la autoridad correspondiente, por intermedio del Juez, el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir y respetar las medidas de distribución de aguas que acordase".
La norma agrega que "ordenado el auxilio de la fuerza pública ésta deberá ser concedida y de ella se hará uso con allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario. Los dueños de inmuebles en que se haga la distribución de las aguas no podrán impedir que los directores, repartidores y delegados entren en sus predios cuando sea menester para el desempeño de sus funciones".
Y, por último, el código expresa que "si el dueño de un predio se opusiere, se solicitará por el directorio, en la misma forma, el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de la multa que puede imponerle el Juez. Si el dueño de la heredad fuere comunero en las aguas, la multa la aplicará el directorio".
