Por instrucciones del presidente Boric, el ministerio del interior y seguridad pública se encuentra trabajando en el levantamiento de una política nacional contra el crimen organizado y en la constitución del Consejo Asesor Nacional contra el Crimen Organizado. A la vez, se encuentra elaborando una política presupuestaria que permita dotar de mayores medios a las instituciones que luchan contra este tipo de delitos.
En este sentido, también es importante la protección a víctimas y testigos, pues es deber del Estado garantizar la seguridad y la vida de quienes estén dispuestos a declarar y entregar antecedentes en el marco de una investigación criminal sobre el crimen organizado.
Por otro lado, la medidas descritas apuntan también a facilitar la tipificación del delito, favoreciendo así el trabajo del Ministerio Público y las policías, para acreditar de mejor manera la presencia de una asociación delictual o criminal.
También, se están discutiendo normas relativas al comiso en distintos proyectos de ley, entre ellos, el de narcotráfico, que se encuentra ya en el Senado, aprobado en la Comisión de Seguridad y ahora en debate en la Comisión de Hacienda. El objetivo de las indicaciones que presentó el ejecutivo es armonizar las distintas figuras relacionadas.
Complementariamente, la Comisión de Seguridad del Senado está analizando otras iniciativas que dan mejor protección a Carabineros, el proyecto sobre usurpación, los denominados "loteos brujos", el proyecto sobre robo de madera y también los relativos al robo de automóviles y las encerronas. Junto a estos proyectos está la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una entidad que controle el conjunto de la seguridad pública dentro del país y de la cual dependan además de manera formal tanto la Policía de Investigaciones como de Carabineros, bajo un mando civil de un gobierno democrático.
Estas y otros proyectos de ley son iniciativas que apuntan a buscar la mejor manera de enfrentar el aumento de la delincuencia y asegurar tranquilidad a chilenas y chilenos.
