¿Con cuál Constitución nos quedamos?

Fecha : 22/08/2022
Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
 

La Constitución actual ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos; sino que, por el contrario, dificulta los cambios necesarios. De hecho, de cara a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución actual presenta evidentes falencias que en lo cotidiano afectan la vida de las personas y sus derechos fundamentales. En contraparte, ¿el nuevo texto constitucional logra subsanar estas debilidades? Si nos enfocamos, en esta oportunidad, en los derechos a la vivienda, salud y seguridad social, y comparamos ambas constituciones: la actual de 1980 y la nueva propuesta, surgen diferencias significativas.  

En la actual Constitución, no se contempla el derecho a la vivienda. De hecho, mientras en Latinoamérica prácticamente todos los países mencionan la vivienda dentro de su texto constitucional, Chile no lo hace. En cambio la actual Constitución sí incluye este derecho. Esto significa que el Estado tendrá un rol más activo en el diseño de las viviendas, los barrios y en la distribución del suelo para darle un uso acorde a las necesidades de las personas. 

Si hablamos del derecho a la salud vemos que la actual Constitución sólo establece algunos deberes generales del Estado, lo que significa que el acceso a este vital derecho depende básicamente del bolsillo de cada persona. La nueva Constitución incluye la salud física y mental como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado de manera universal. Además, propone un Sistema Nacional de Salud que nos acerca al modelo de los mejores sistemas de salud del mundo e incluye prevención, rehabilitación e inclusión.

Por último, al referirnos al derecho a la seguridad social nos damos cuenta que con la Constitución de 1980 se ha creado básicamente un sistema de ahorro individual basado en la lógica del “sálvese quien pueda”. En cambio, con la nueva Constitución se avanzaría a un sistema de seguridad social público que se financiaría a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación. Incluso se establece el deber de dar protección a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados.

Estos son algunos ejemplos que muestran que los derechos sociales se reconocen de manera robusta en la nueva propuesta de Constitución. Por este motivo, desde Amnistía Internacional manifestamos que este 4 de septiembre tendremos la posibilidad histórica de abrir camino a la construcción de un Estado que acoge y cuida a sus habitantes avanzando en mayores niveles de justicia y dignidad. 

 
 
 
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