En el salón plenario del Consejo Regional, sesionó, por primera vez en Arica y Parinacota, la Comisión Especial Investigadora del Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados, la cual vino a escuchar a las autoridades y dirigentes sociales sobre el panorama delictivo, específicamente, sobre el crimen organizado que afecta actualmente a los habitantes de la región.
La sesión en la región surgió producto de un oficio que se envió desde el Gobierno Regional solicitando que sesionaran en el territorio para que conocieran la realidad regional. La Comisión Especial Investigadora para el Resguardo de la Seguridad y el Orden Público es presidida por la diputada Johana Pérez e integrada por la diputada Flor Weisse y los diputados Luis Malla y Matías Ramírez.
Expusieron a la comisión, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, representado por el gobernador Jorge Díaz, los municipios de la región, organizaciones sociales, delegación presidencial regional y provincial e instituciones vinculadas a la prevención del delito de Arica y Parinacota, Gendarmería y el senador José Durana.
La diputada Johana Pérez, presidente de la Comisión Especial Investigadora del Resguardo del Orden Público, comentó que “estamos acá presentes en Arica, hemos venido junto a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Nos ha recibido el gobernador regional, Jorge Díaz, las consejeras y consejeros regionales. Hemos escuchado a los alcaldes, la alcaldesa, las policías, Fiscalía, autoridades, por la problemática en materia de seguridad. Esta comisión tiene 90 días para arrojar un informe con propuestas en materia legislativa, política pública. Somos una comisión fiscalizadora por esencia y que podemos sugerir y proponer”.
Por su parte, el gobernador regional, Jorge Díaz, enfatizó que “lo primero es agradecer a la Comisión y a las diputadas y diputados que concurrieron porque creemos que, cualquier estrategia debe ser tomada desde los territorios, donde está el problema, por lo tanto, la presencia de las y los diputados, especialmente del diputado Luis Malla, que es de nuestro distrito, y también de los diputados de otros distritos, que acompañan esta comisión, es fundamental, porque la actualización normativa para enfrentar el crimen organizado es importantísima. Las fiscalías, las policías, deben tener más herramientas y facultades y por eso se hace necesario y urgente una actualización normativa. La comunidad ha manifestado el cómo se debe enfrentar este tipo de procesos. Junto con el Consejo Regional hemos entregado nuestra posición que es solicitar que exista un resguardo militar en zonas críticas de la región de Arica y Parinacota y en eso vamos a perseverar porque es lo que la ciudadanía requiere”.
Mientras que el delegado regional pfesidencial, Ricardo Sanzana, además de agradecer a que la Comisión sesionara en la región entendiendo que el tema de seguridad es transversal, indicó que “sería importante tener el respaldo de los parlamentarios y las parlamentarias para llegar a modificar, por ejemplo, las facultades derivadas de la resolución de desalojo; la modificación de la figura del delito de usurpación de bienes raíces; o la modificación en la normativa relacionada con la prueba de alcoholemia. Todo ello nos permitiría agilizar el trabajo preventivo, de control y ejecución en materias de seguridad”.
Entre tanto, Héctor Salazar, representante de la organización Arica Siempre Arica, explicó que “me parecieron bien contundentes las exposiciones de cada uno, estaban muchas instituciones y representantes de la región. Espero que se aborde lo que necesita Arica y se solicite el resguardo militar en zonas críticas, ya que hay muchas personas que están sufriendo amenazas, esperamos que sea pronto y se retome la tranquilidad en nuestra ciudad cómo era antes en Arica. Fue muy significativa, escuchar de la propia voz de los afectados vale mucho, ya que palpar la situación en nuestra ciudad es muy diferente a conocerla de lejos”.
La Comisión Especial Investigadora del Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados tiene un plazo de 90 días para emitir su informe.
