Hemos presentado una demanda colectiva en contra de Banco Ripley, tras detectar a través de una fiscalización a la industria financiera, que dicha empresa realizaba una serie de prácticas ilegales hacia los consumidores morosos, siendo las más graves, el acoso y hostigamiento a través de llamados reiterados y amenazas.
Además, detectamos que esta empresa no realizaba gestiones útiles de cobranza dentro de los primeros 15 días, tal como lo exige la Ley; además de no informar adecuadamente a los consumidores los detalles de la deuda, por ejemplo, la fecha en que debió pagarse el monto adeudado.
También vimos que esta entidad financiera aplicaba cobros indebidos por gestiones de cobranzas extrajudiciales, por ejemplo, cargos por acciones realizadas durante los primeros “20 días de atraso”, las que de acuerdo a lo que establece la Ley no corresponden porque son de cargo de la empresa.
Asimismo, esta empresa realizaba cobros por gestiones de cobranzas extrajudiciales que no estaban debidamente calculados de acuerdo a los estándares que establece la normativa.
Esta demanda colectiva del Sernac se suma a otra reciente presentada contra Solventa, administradora de la tarjeta de crédito de Cruz Verde, por infracciones similares.
El objetivo de esta acción legal es que la empresa indemnice a los consumidores afectados y condene a la empresa al máximo de las multas por haber infringido la Ley del Consumidor.
Es importante señalar que los consumidores merecen respeto y ser tratados dignamente, pues nadie tiene deuda por gusto, y el hostigamiento y acoso puede causar una gran angustia y sólo profundizar el problema.
Como Sernac, hemos estado atento a las infracciones de las empresas en materia de cobranza extrajudicial, dado que la situación de pandemia ha provocado que muchas personas pierdan sus ingresos y se vieran obligadas a dejar de cumplir con sus compromisos.
De hecho, el Sernac registró un aumento de reclamos por cobranzas abusivas. Sólo el año pasado se recibieron cerca de 21 mil casos, y en lo que va de este 2021 ya suman alrededor de 12.300, principalmente por hostigamiento, cobrar deudas que no corresponden o acciones que afectan la estabilidad laboral o tranquilidad del deudor como informar la deuda a terceros.
Recordemos que en Chile existen más de 4 millones de personas morosas, lo que equivale a un 34% de los ciudadanos mayores de 18 años.
Recientemente se ha reforzado la Ley respecto a las acciones de cobranza extrajudiciales, estableciendo que las empresas sólo pueden realizar dos contactos efectivos a la semana separados por al menos dos días, por ejemplo, el lunes y jueves, martes y viernes.
Además del límite de llamados, la normativa establece otros aspectos relevantes, por ejemplo, amplía el concepto de escrito que aparenta ser judicial. Esto implica que las empresas no pueden remitir ninguna clase de documento, mensaje o comunicación que sea, aparente ser o haga referencia a un escrito, resolución o actuación judicial.
