Denuncian respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones en Colombia

Fecha : 04/05/2021
• Amnistía Internacional solicitó a las autoridades colombianas detener el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos.
 

Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria, dijo Amnistía Internacional (AI), tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, verificada por su Cuerpo de Verificación Digital.

"Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 28 de abril, se vienen produciendo manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en diversos puntos de país en respuesta al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque, las cuales han sido reprimidas, con frecuencia, de manera violenta.

El primero de mayo, el presidente anunció la presencia militar en "los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos", y afirmó: "quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones".

"El descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente", afirmó Guevara Rosas.

Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional confirmó que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país.

RETIRO DE PROYECTO
Según AI, ante el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y el anuncio de uno nuevo, el gobierno debe garantizar que cualquier política pública en materia tributaria que adopte, se diseñe y se aplique en línea con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Agregan en el organismo internacional, que eso significa que debe asegurarse que las medidas sean temporales, razonables y proporcionadas, que se hayan agotado medidas alternativas menos restrictivas y de garantizar la participación real de las personas y los grupos implicados.

El gobierno debe realizar con urgencia, señalan en AI, una evaluación del impacto de esas medidas en los derechos humanos, para asegurarse de que no sean discriminatorias y de que respeten, en particular, los derechos de los grupos históricamente marginalizados, y en el contexto de la pandemia del covid-19 y sus afectaciones diferenciadas.

Ante los anuncios de nuevas movilizaciones, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades a garantizar el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente y recuerda al presidente Iván Duque que desplegar a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan más violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. 

 
 
 
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