La Fiscalía de Arica formalizó, este miércoles, el primer caso de tráfico de migrantes registrado en el extremo norte este 2021, luego que un sujeto fuera detenido tras coordinar el ingreso clandestino al país y luego transportar, a bordo del camión que conducía, a 8 personas, dos de ellas menores de edad, ocultas al interior de un contenedor, desde el paso fronterizo de Chungará.
La investigación estuvo a cargo de funcionarios de la Brigada de Trata de Personas de la PDI, quienes detuvieron al imputado en el sector de Villa Frontera, hasta donde transportó a los migrantes de nacionalidad boliviana, entre los cuales habían dos menores, de 1 y 3 años respectivamente.
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización, el grupo de extranjeros tomó contacto anteriormente con el conductor R.B.F., en la localidad de Patacamaya, en Bolivia, coordinando el ingreso y posterior traslado de las personas en Chile. Así, en la mañana del martes 19 de enero, los migrantes ingresaron ilegalmente al país por el sector de Chungará, entre tanto, el conductor ingresó de manera regular por el complejo fronterizo del mismo sector.
Tras ello, el imputado recogió a los migrantes, quienes abordaron un contenedor, siendo trasladados hasta el sector de Villa Frontera en Arica, lo que fue detectado por personal militar, dando cuenta a la PDI. Por instrucción del fiscal de turno, personal de la Brigada de Trata de Personas realizó las diligencias investigativas, estableciendo que el imputado cobró 150 bolivianos por persona para transportarlos hasta dicho lugar.
“Las víctimas relatan que el viaje al interior del contenedor se extendió por varias horas y en condiciones de encierro y frio. Sin duda se trata de hechos de gravedad y se están realizando diversas diligencias investigativas que permitan reunir la mayar cantidad de antecedentes”, explicó el fiscal regional Mario Carrera.
La Fiscalía local formalizó al conductor como autor del delito de tráfico de migrantes agravado solicitando la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue rechazado por el tribunal, decretando el arraigo local y firma periódica.
