La reinserción social es un territorio, hasta ahora, abandonado. Se han hecho intentos, es cierto, pero en general han sido aislados y sólo han beneficiado a un número limitado de personas. No es difícil entender por qué los esfuerzos se han concentrado en áreas que se ven más urgentes. Pero esa visión no distingue que la reinserción no es sólo una cuestión de derechos humanos y un llamado ético, sino que también reduce drásticamente la reincidencia. Porque una cosa es que seamos partidarios de que quienes infringen la ley cumplan sus penas, pero otra es que las condiciones de las cárceles -que son extremadamente duras, en algunos casos inhumanas- hagan más probable que alguien salga de la experiencia más entrenado en el delito que rehabilitado, o que una vez que estén en libertad no puedan encontrar un trabajo.
Invertir en la reinserción social es una de nuestras prioridades en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para entender por qué es así, unos datos: la cifra de reincidencia es de un 50% en los tres primeros años luego de salir de la reclusión. Pero se ha comprobado que contar con un empleo formal reduce el riesgo de volver a delinquir, y que la estabilidad laboral es un factor que mantiene a las personas fuera del circulo delictual.
Es por eso que a fines de marzo de este año, el Presidente Sebastián Piñera, en conjunto con este ministerio, lanzaron el programa +R, Más reinserción, Más seguridad, que busca que las personas privadas de libertad tengan acceso a un programa integral de reinserción que les otorgue capacitación y un trabajo una vez que vuelvan al medio libre.
Este nuevo programa tiene varias características que lo distinguen de intentos anteriores y que, esperamos, permitirá que tenga un éxito sostenible en el tiempo y que sea extendido en su alcance. Garantizará cupos en empresas, tendrá un sello regional (ya que funcionará en todo Chile a través de mesas enfocadas en las necesidades locales), contará con un proceso de acompañamiento posterior (y durante toda la participación en el programa), y permitirá tanto la instalación de unidades productivas al interior centros penitenciarios como un desarrollo en empresas que estarán ubicadas fuera de las cárceles. Y, por supuesto, trabajará con el fundamental apoyo de la sociedad civil.
El Ministerio de Justicia y DDHH ha hecho un compromiso profundo con este tema, que busca devolverles dignidad a los internos y mejorar la seguridad pública. Esperamos que con la colaboración de las empresas privadas y la sociedad civil podamos lograr un cambio profundo y significativo.
