En el contexto del primer año de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Amnistía Internacional (AI) presentó su estado de cuenta en materia de derechos humanos. Para la organización, varias de las medidas adoptadas en este periodo despiertan profunda preocupación porque atentan contra la igualdad, la dignidad, la justicia y las garantías de condiciones básicas de vida.
En AI explicaron que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos con este fin, por lo que si estos derechos están siendo vulnerados o los Estados no toman las medidas necesarias para resguardarlos, existe una obligación incumplida y, por lo tanto, una deuda.
Amnistía Internacional, de manera periódica, hace una revisión de la situación de los derechos humanos en la gran mayoría de los países del mundo y presenta sus cuestionamientos, observaciones y recomendaciones a todos los gobiernos, independiente de su color político. En esta ocasión, correspondió revisar la deuda que ha acumulado el Presidente Piñera durante su primer año de mandato.
Para la entidad internacional de DD.HH., en el momento en que el actual gobierno no firmó el Tratado de Escazú y el Pacto Global de Migraciones; en las reiteradas ocasiones en que ha intentado entorpecer la aplicación de la ley de aborto en tres causales; cuando emprendió iniciativas como el proyecto de ley de control de identidad para menores de edad y el programa “Calle segura” que incluye el uso de drones con tecnología de reconocimiento facial; Sebastián Piñera ha hecho que aumente su deuda con relación a los derechos humanos.
Asimismo, señalan en AI, el hecho de haber implementado un Programa de Regularización Extraordinaria para Migrantes en los términos en que se realizó y haber detenido el proceso de creación de una nueva Constitución para Chile, negando una oportunidad concreta que podría haber garantizado ciertos derechos fundamentales de la ciudadanía, son determinaciones que abultan la deuda del Mandatario.
“La muerte de Camilo Catrillanca como consecuencia del actuar del llamado “Comando Jungla” y la insistencia de aplicar la ley antiterrorista pese a los cuestionamientos que ha tenido esta legislación, son aspectos que también acrecientan la deuda y encienden las alarmas respecto a la estigmatización y criminalización de la que es víctima el pueblo mapuche”, mencionó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
LO BUENO
Con respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Piñera que han contribuido a disminuir la deuda, está la promulgación y publicación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Amnistía Internacional reconoció este avance y animó a hacerlo efectivo en la práctica.
“La aprobación de la ley de identidad de género es un paso adelante que disminuye la deuda; sin embargo, dejar fuera a lxs niñxs trans, quienes incluso requieren de mayor protección y reconocimiento, contribuye a que sigan sufriendo maltratos y humillaciones y, peor aún, en un escenario totalmente invisibilizado”, indicó Ana Piquer.
Según Amnistía Internacional, la decisión del gobierno de que Chile sea sede de la COP25 no es en sí misma un avance, menos tras haberse bajado del Tratado de Escazú; por el contrario, pone sobre la administración del Presidente Piñera una mayor presión para demostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales, en particular, sobre normas de protección para los defensores del medioambiente.
Existen otros temas de derechos humanos cuya deuda se mantiene desde el día uno de la administración de Piñera, afirman en AI. Para la organización, las personas de la comunidad LGBTIQ+ siguen sufriendo ataques y la ley antidiscriminación sigue sin modificarse, esto a sabiendas que es una normativa insuficiente para hacer frente de manera integral a las diversas situaciones vejatorias que viven algunas personas.
Según AI, la deuda se mantiene también respecto a la situación de desprotección que viven los niños y jóvenes chilenos, quienes continúan sin tener acceso a una educación sexual integral (ESI) por parte del Estado, entendiéndose con esto que la ESI proporciona un factor protector contra la violencia hacia la mujer y las personas de la comunidad LGBTIQ+, el abuso infantil, el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. “El gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley sobre educación sexual a partir de 5 básico; pero aún no da a conocer el contenido de dicho proyecto y de qué manera se va a asegurar que la educación sexual sea integral y desde la perspectiva de derechos”, añadió Ana Piquer.
Con relación a la violencia policial, aseguran que, lamentablemente, aún no se adoptan medidas para que estos casos se investiguen y juzguen de manera independiente e imparcial, ni para prevenir adecuadamente que estos hechos sucedan.
Por consiguiente, Amnistía Internacional cuestionó el rumbo que ha tomado el gobierno en algunos aspectos relevantes, por ejemplo, saber que ha hecho modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos, lo cual debilitaría esta estructura, disminuyendo la prioridad de asuntos fundamentales, por ejemplo, para la comunidad LGBTIQ+ (como el matrimonio igualitario) y para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado (el eliminar el compromiso de dejar sin efecto el Decreto Ley de Amnistía de 1978 y la creación de una comisión permanente de calificación de víctimas de tortura política).
Además, afirman que el hecho de que Chile, recientemente, haya firmado -junto a otros cuatro presidentes de la región- una declaración cuestionando el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es particularmente grave. “El sistema es un patrimonio a salvaguardar en las Américas, por lo que condicionar el actuar del mecanismo regional interamericano a intereses propios, poniendo en riesgo los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos es lamentable”, declaró Ana Piquer.
Si bien la deuda del Presidente Piñera con relación a los derechos humanos de los chilenos ha aumentado, según AI, indican que quedan tres años para que el gobierno tome nuevas decisiones que, efectivamente, pongan estos derechos en el centro de todas las discusiones y políticas públicas.
“Es importante advertir que para que los cambios se den, es necesario también contar con una ciudadanía despierta y movilizada que sea capaz de pasarle la cuenta a las autoridades que están en deuda con aspectos que inciden directamente en la dignidad, la igualdad, las condiciones de vida y la justicia para todas las personas”, concluyó Ana Piquer.
