Por José Díaz
(Servindi) Aunque la gestión de Antonio M. López Obrador aún no ha comenzado, a poco de asumir el control de la Presidencia de México ya estaría surgiendo su primera polémica con las poblaciones originarias. Esto último debido al interés de su gestión de construir el proyecto Tren Maya que uniría distintas regiones del sur de México atravesando territorios indígenas y diversas áreas naturales.
Lo más polémico de la manera como se viene administrando este proyecto, es que el equipo de López Obrador ya ha anunciado la viabilidad del proyecto sin haber realizado una consulta previa. Este tren, que busca promover el turismo en la Riviera Maya, tendría impacto directo en la población indígena y en diversos ecosistemas.
Por esta razón, las Naciones Unidas han advertido sobre la necesidad de realizar un proceso de consulta previa antes de iniciar las operaciones.
Sin embargo, el próximo jefe del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, ha señalado que para esta obra no hará falta iniciar un proceso de consulta previa porque se trata de una promesa de campaña realizada por López Obrador.
No obstante, el equipo del futuro presidente mexicano ha enviado mensajes contradictorios sobre esta controversia. Pues pese a lo dicho por Jiménez Pons, el futuro jefe de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón ha señalado que sí será necesario realizar una consulta urbana para el Tren Maya en el ámbito del impacto de los suelos.
PELIGRO POTENCIAL
A nivel de la sociedad civil, el desarrollo del proyecto que implicaría una línea ferroviaria de 1.500 kilómetros que atravesaría los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, genera mucho escepticismo. Esto debido a que en esta zona de México existen 25 áreas naturales protegidas que involucran más de 8 millones de hectáreas que estarían en riesgo por la infraestructura del proyecto y por la demanda turística.
“Es un proyecto agresivo contra los pueblos, el ambiente, contra todo lo que es vida. No ve el interés de los pueblos, ni siquiera se les ha ocurrido hacer una consulta como las que se deben de hacer”, se quejó el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gilberto López y Rivas.
Por el momento, las voces discordantes con el proyecto que promueve López Obrador han invocado al Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento, al cual México está suscrito, protege a los pueblos originarios de asumir “el control de sus propias formas de vida y de su desarrollo económico”, algo que el Tren Maya amenazaría.
