(Servindi) La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) aplaudió la resolución judicial que anuló el indulto concedido al ex-dictador Alberto Fujimori Fujimori en diciembre pasado.
En un comunicado, señaló que el "uso político de un indulto como mecanismo para eludir una condena judicial constituía una afrenta a la memoria de las víctimas, sus familiares y a la democracia toda".
La Coordinadora también exhortó a las autoridades garantizar las condiciones adecuadas para la correcta atención médica del sentenciado Fujimori durante el tiempo restante de su condena, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que la Resolución N°10 de la Corte Suprema de Perú, expedida el miércoles 3 de octubre, recuerda que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta son considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que Fujimori deberá volver a prisión.
La resolución señala que el procedimiento administrativo para el otorgamiento del indulto adolece de graves irregularidades que quebrantan los principios de imparcialidad y objetividad. No verifica el cumplimiento mínimo de las exigencias legales ni respetó el debido proceso legal,
Además, añade que el déficit de motivación de la Resolución Suprema generó arbitrariedad, pues no se sustentó que se hayan agotado todos los medios para brindar un tratamiento médico oportuno, ni se explicó como las condiciones carcelarias colocan en riesgo la vida y salud del condenado.
La decisión judicial se dio en respuesta a una solicitud de los familiares de las victimas de dichas matanzas y tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó revisar el indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Alberto Kenya Fujimori Fujimori, de 80 años de edad, resultó beneficiado con la medida humanitaria horas antes de la Navidad de 2017, en un contexto político en que se iba a votar en el Congreso de la República la destitución de Kuzcynski.
Precisamente, un sector de la bancada fujimorista salvó entonces de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski por lo que muchos sectores dedujeron que el indulto más que una medida de carácter humanitario fue resultado de una negociación política.
Alberto Fujimori permanecía encarcelado tras ser juzgado y sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante su gobierno (1990-2000).
A continuación el comunicado de la Coordinadora:
Acerca de la anulación del indulto a Fujimori
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) saluda la resolución judicial que anula el indulto indebidamente concedido al ex-dictador Alberto Fujimori Fujimori en diciembre pasado, y declara públicamente que:
1. La gravedad de los delitos contra la humanidad cometidos por Fujimori en los casos Barrios Altos y La Cantuta demandan de un Estado de Derecho procesos ejemplares de investigación de los hechos, sanción a los culpables y reparación a las víctimas, que conjuntamente dejen claro el rechazo de la sociedad respecto a estas situaciones así como sus esfuerzos de que no se repitan en el futuro. El uso político de un indulto como mecanismo para eludir una condena judicial constituía una afrenta a la memoria de las víctimas, sus familiares y a la democracia toda.
2. Hacer justicia frente a dichos crímenes implica no solo que Fujimori continúe cumpliendo la condena impuesta por los tribunales, sino también que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones pendientes respecto a los familiares de las víctimas, como son las reparaciones (tanto civiles como en educación, salud y simbólicas), búsqueda de desaparecidos/as, acciones educativas a funcionarios/as públicos, entre otras. Asimismo, que se atienda en el futuro a los estándares dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la aplicación de cualquier medida excepcional que garantice el bienestar de los sentenciados.
3. Exhortamos a las autoridades pertinentes garantizar las condiciones adecuadas para la correcta atención médica del sentenciado Fujimori durante el tiempo restante de su condena, tal como lo señala la Corte Interamericana en su resolución de supervisión del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta de junio último.
4. Saludamos a las familias de las víctimas y toda la ciudadanía que en estos meses se movilizó activamente en defensa de la justicia y memoria, por la no repetición de estos hechos y en rechazo a la impunidad.
Lima, 3 de octubre de 2018
