Ante esta nueva filtración de datos de tarjetas de crédito, como Servicio Nacional del Consumidor hemos oficiado a las instituciones financieras quienes son los emisores de tarjetas de crédito.
Estamos exigiendo información sobre la cantidad de afectados, las tarjetas vigentes y las medidas de acción implementadas para prevenir fraudes.
Si bien todavía las causas no están claras, las empresas deben responder si se produjo algún perjuicio al consumidor por un mal resguardo de los datos personales.
Estamos hablando de una infracción grave, que afecta la confianza en el mercado por lo que es indispensable que las empresas inviertan en mecanismos de seguridad.
En ese contexto, es muy importante recalcar que toda empresa que opere con tarjetas de crédito tiene la obligación de resguardar los datos personales de sus clientes, incluyendo su información histórica.
Para el Sernac es clave velar porque el patrimonio de los consumidores no se vea afectado por eventuales fraudes, y en caso que ello ocurra, las empresas respondan, existan o no seguros involucrados.
Por lo mismo, el Servicio está trabajando en coordinación con la SBIF, y una vez que obtenga los antecedentes del caso, tomará todas las medidas que le entrega la Ley para ir en defensa de los derechos de los consumidores.
En relación a la ley sobre la protección de la vida privada establece que las personas son dueñas de sus datos personales y no quien los almacena y/o administra.
En este sentido, los consumidores tienen derecho principalmente a:
- Saber para que se usarán sus datos personales.
- Saber que datos tiene la empresa.
- Que dichos datos sean utilizados sólo para los fines que hayan declarado los proveedores, salvo que se recolecten de fuentes accesibles al público.
- Si compartirán o comunicarán dichos datos al mercado u otras empresas.
- Bloquearlos, suspenderlos o pedir su eliminación de la base o registro de datos de forma gratuita, sin que implique ningún tipo de costo de su parte.
Respecto de la autorización para utilizar o tratar los datos personales, las empresas deben contar con el consentimiento expreso y por escrito de los consumidores.
Por otro lado, las personas pueden entregar de forma voluntaria sus datos personales, y a la vez, oponerse a la utilización de ellos con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.
El mensaje para los consumidores es que tengan la tranquilidad que las instituciones estamos trabajando para resguardar sus derechos y exigir que se tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
