Con desesperada urgencia, la administración de EE.UU. busca la forma de enmendar el desaguisado provocado por la política de tolerancia cero de Trump, según informó el diario El País. La aplicación de la directriz de apartar a padres e hijos inmigrantes y la posterior marcha atrás del gobierno ante la avalancha de críticas que provocó, ha metido a la administración federal en un caos a la hora de reagruparlos.
Por todo el país, abogados voluntarios trabajan a toda marcha para tratar de acelerar los reagrupamientos, perplejos por la falta de claridad de la situación, con los funcionarios en algunos casos improvisando pruebas de ADN para confirmar la relación entre padres e hijos. "Supongo que la policía fronteriza separó a las familias sin registrar sus relaciones. Los padres, como adultos, por un lado, y los niños por otro, como se venía haciendo con los menores que llegaban sin compañía. Pero estos niños sí llegaron en familia. Creo que es un problema de desorden administrativo creado por una orden imprevista. No estaban preparados para hacerlo, no tenían un plan", dijo por teléfono desde San Antonio (Texas) el abogado Manoj Govindaiah, de la ONG Raíces al diario El País.
"El presidente dio la orden de un día para otro y se inició un proceso de separación para el que las distintas agencias de la administración involucradas no estaban listas. Se ha creado de la nada una situación de emergencia", afirmó desde Nueva York el abogado José Xavier Orochena, que lleva el caso de la guatemalteca Yeni González, separada de sus tres hijos de 11, nueve y seis años y que permanecen con una familia de acogida.
La fecha límite para reagrupar a los menores de edad que superan los cinco años es el 26 de julio. Según datos del Gobierno de EE.UU., la cifra total de niños separados de sus padres ronda los 3.000.
