Chile tiene actualmente un déficit de más de 500 mil viviendas y para evitar que familias terminen instalándose en campamentos en condiciones precarias o bien para solucionar su situación de allegados, han surgido iniciativas como las inmobiliarias populares en diversos municipios. Y si bien es loable que exista una sumatoria de gobiernos locales apostando por una mejor calidad de vida de sus vecinos, se ha pasado por alto o no se visibiliza como es debido una de las primeras mociones que partió desde el Estado dada la dificultad de muchos beneficiarios de subsidios para adquirir viviendas. Estamos hablando del subsidio de arriendo.
El acceso a una vivienda adecuada es una situación crítica que ha estado en la mira de distintos actores sociales dado que es un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos humanos. En base a la CASEN 2015, se puede asegurar que un 7% de los chilenos vive en alguna condición de hacinamiento y además es sabido que de los cerca de 26.000 subsidios otorgados en sucesivos procesos de asignación solo se utiliza el 40% por una falta de oferta de viviendas.
Por esta razón el último sexenio ha visto el desarrollo del subsidio de arriendo para financiar parcial y temporalmente el arriendo de familias de sectores medios y vulnerables facilitándoles mecanismos de ahorro para adquirir después una casa propia. Las Cooperativas de vivienda están realizando el esfuerzo de poner en práctica esta política pública y han incorporado la modalidad de arriendo de viviendas sociales en proyectos habitacionales con viviendas nuevas para entregar mediante contratos de uso a familias elegibles.
Existe la necesidad de desarrollar un sistema institucionalizado y radicado en lo posible en el sector privado para generar, administrar y mantener viviendas para arrendar a beneficiarios del subsidio de arriendo y muchos otros de similar situación.
Incorporar el arriendo o uso de habitación como instrumento adicional al de la compra de vivienda propia para acceder al ejercicio universal del derecho a la vivienda digna es un signo innegable e inevitable del desarrollo alcanzado en nuestra sociedad al igual que en los países industrializados, donde no todos pueden o quieren ser propietarios.
Actualmente el arriendo de la vivienda social no se asocia a la capacidad de compra del usuario. Las entidades sin fines de lucro fijan el precio del arriendo o uso con el principio de cubrir los costos y tienen vocación institucional de prestar este servicio a sus socios y beneficiarios, una iniciativa con menos prensa pero con cooperativas de vivienda que funcionan de igual forma que una inmobiliaria popular.
