El Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó hoy –martes 20 de marzo– el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, el que destaca al Poder Judicial por una serie sentencias favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI.
"El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes", sostiene el informe.
La "evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017, a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos", establece.
El análisis agrega que "durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7".
El informe sostiene que "la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI".
"En efecto, la transformación del Poder Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto", recuerda el estudio.
"Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la misma línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno", concluye la investigación.
SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO
El Pleno de la Corte Suprema aprobó el 8 de julio de 2016 la creación de la "Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación", unidad que promueve las políticas y acciones para que los integrantes del Poder Judicial trabajen en espacios de trabajo igualitario y libres de violencia y discriminación y, además, impulsar el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia.
Esta entidad es liderada por la ministra de la Corte Suprema y encargada de temas de género, Andrea Muñoz.
En tanto, el 2 de febrero pasado, la Corte Suprema aprobó la primera "Política de igualdad de género y no discriminación" del Poder Judicial de Chile.
La política es un marco que tiene por objetivo articular las acciones necesarias para incorporar "la perspectiva de género y derechos humanos en todo el quehacer del Poder Judicial, lo que implica que el servicio que presta la institución en todos sus ámbitos, fases y niveles, tome en consideración la distinta situación que experimentan las personas y los distintos papeles que éstas desempeñan, cualquiera sea su sexo, edad u otra condición, en una sociedad, a efectos de identificar las brechas y no perpetuar, con su accionar, desigualdades y discriminaciones existentes que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia", dice la resolución que aprueba la política.
