En 1941, en su libro “¿Es Chile un país católico”?, el entonces Padre Alberto Hurtado cuestionaba a la sociedad de su tiempo frente a los males que la cercenaban: miseria, injusticias, vicios, salarios miserables, falta de educación del pueblo, viviendas indignas, entre otros; en ese texto él dejaba planteada una inquietud que ha perdurado durante 76 años. ¿Si usted tuviera que elegir un país donde nacer, elegiría Chile? Con certeza todos los que se sientan a gusto con la vida que han tenido aquí, no dudarían un segundo en elegirlo; por el contrario, aquellos que nunca lo han pasado bien, tal vez preferirían haber nacido en otro país. Tal dicotomía debiese ser suficiente para sincerar la respuesta: Chile es un país desigual y, por tanto, injusto.
Según algunos inmigrantes, en especial aquellos más recientes que provienen de lugares precarizados, Chile es un bello país, muy acogedor, ordenado, tranquilo, que posee una institucionalidad que funciona y donde es posible afincarse sin mayores problemas. Ni qué decir de aquellos europeos llegados durante los siglos XIX y XX, quienes fueron recibidos con los brazos abiertos por el solo hecho de ser caucásicos, o hablar un idioma que sonaba diferente, incluso, algunos provenientes de Asia también fueron tocados por esa bondad criolla tan típica frente al forastero. El problema de Chile no es –ni ha sido– con los extranjeros que arriban a este suelo, sino con sus hijos.
A través de mis 28 años como parlamentario he centrado mi labor en promover la creación de leyes cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de mis compatriotas. Siempre es posible hacer más, en especial, cuando se trate de resolver las causas de los problemas que nos aquejan, tanto más que sus consecuencias. Más que disminuir la delincuencia, como país debiésemos ocuparnos de las causas que la provocan, como la falta de educación y la inequidad social, tal como lo denunciaba el Padre Hurtado hace casi ocho décadas.
En los últimos años nos hemos ido enterando que países como Suecia y Holanda han comenzado a cerrar prisiones debido a la falta de internos. Similar experiencia tienen Finlandia y Noruega, naciones que cuentan con las tasas más bajas de presos en Europa; en Finlandia, por ejemplo, existen 52 reos por cada 100 mil habitantes, así como también una menor cantidad de efectivos policiales por habitante (149 cada 100 mil). Los objetivos de las cárceles no se remiten solo a hacer cumplir las penas, sino en contener a los reclusos y trabajar para evitar su reincidencia. Los internos están obligados a trabajar, estudiar, se ofrecen estudios universitarios y politécnicos en modo e-learning, o los hacen participar en las actividades que les ofrecen cada una de las dependencias. Estas actividades tienen como finalidad que los reclusos puedan desarrollar las habilidades necesarias que les permitan reinsertarse en libertad, y en casos de adicciones, superar la dependencia para reducir las probabilidades de reincidencia y aumentar la reinserción social.
Junto a la calidad de vida de los países escandinavos, se ha resaltado la calidad de la educación que recibe su población. En efecto, el sistema de educación de Finlandia ha sido destacado como uno de los mejores del mundo. De acuerdo al XIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (2015),la frecuencia de los delitos violentos en ese país (homicidio doloso, robo con violencia y violación) se ha conservado estable o, incluso, ha tendido a disminuir a nivel mundial en los últimos diez años, pero sus características difieren entre regiones y países, lo que ha permitido a los expertos inferir que a pesar de la fluctuación en la calidad de los datos y las diferencias entre las prácticas policiales las tendencias del delito guardan relación con el nivel de ingresos de cada país (ONU).
Según el reporte del Secretario General de la ONU, las personas que viven en países de bajos ingresos experimentan las mayores amenazas a su seguridad y su bienestar, llegando a concluir que el crimen y la justicia penal tienen directa relación con el Estado de derecho y el grado de desarrollo alcanzado por cada nación. Finlandia pertenece a la Unión Europea y a la OCDE, cuenta con una población de 5.5 millones de habitantes; su PIB per cápita está entre los más altos del mundo, lo cual permite al país ofrecer una alta calidad de vida. La distribución de la riqueza es más equitativa que la chilena, sin embargo, tras la crisis financiera global y la crisis que afectó a la zona Euro, han surgido inequidades sociales –muy diferentes a las que se conocen en otros lugares del mundo. La tasa de desempleo aumentó de manera considerable durante la crisis, llegando a 9,1% en 2016 (FMI, 2016). A pesar de las las crisis, Finlandia finalizó el año 2016 con un porcentaje de 11,6% de su población en riesgo de pobreza y un umbral de la pobreza de 14.190 euros por persona ($10,5 millones).
Nuestra meta como país no es aumentar la población penal –la que a octubre de 2017 supera los 40 mil reclusos– sino disminuir la inequidad social que produce la brecha del ingreso; para ello debemos ser capaces de sustentar una institucionalidad que genere mayores y mejores condiciones que permitan acceder a educación pública gratuita en todos sus niveles, de manera que todos los chilenos, sin distinciones arbitrarias, puedan aspirar a una vida de calidad. No dejemos que nuestro país se vuelva un sueño tan irrealizable, como tratar de rasguñar un vidrio.
