(Servindi) Un amplio rechazo internacional viene recibiendo el indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori Fujimori, liberado de prisión el 24 de diciembre, luego de un pacto político que salvo de la vacancia al actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) entre otras instituciones, se sumaron a organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para rechazar la medida adoptada.
En un pronunciamiento, Amnistía Internacional señala que estas dudas en torno a la excarcelación del autócrata, que desataron además protestas ciudadanas y renuncias en el oficialismo, deben ser aclaradas de forma urgente por el presidente Kuczynski, quien afirmó en reiteradas ocasiones que no indultaría a Fujimori y se comprometió a no hacerlo en la campaña que lo llevó a Palacio.
"Esta medida, que anula la sentencia del 2009 por delitos de lesa humanidad, va en contra de las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es una mancha en la lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú" indica AI.
"Asimismo, debilita la lucha contra la impunidad en el Perú al librar a Fujimori de un proceso penal en curso por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la sierra central del país" prosigue Amnistía Internacional.
"UNA VULGAR NEGOCIACIÓN POLÍTICA"
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, dijo que el indulto a Fujimori es el resultado de "una vulgar negociación política".
Vivanco aludió así a la sesión planearia del jueves 21 de diciembre donde PPK se salvó de ser destituido gracias a los votos de abstención del legislador Kenji Fujimori y otros nueve legisladores de Fuerza Popular.
En un pronunciamiento conjunto, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indican que el indulto habría sido producto de "una negociación política, no de una decisión de carácter humanitario, yendo en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Advierten que PPK ha concedido al expresidente Fujimori el derecho de gracia, "perdonándole la pena de 25 años de prisión que se encontraba cumpliendo y, además, exonerándolo de cualquier proceso judicial en su contra actualmente en curso".
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, afirmó que "las acciones del presidente peruano tienen serias repercusiones para la democracia y ponen en jaque el Estado de derecho, al ignorar los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado frente a crímenes contra la humanidad".
“Además, nos preocupa que el indulto parezca estar motivado por el pago de favores políticos. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas no pueden ser negociados para garantizar ventajas políticas o personales”, agregó la directora de CEJIL.
INDULTO DIVIDE AL PAÍS
El portal alternativo Democracy Now destacó que las protestas sociales estallaron en Perú luego de que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, indultara al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes que incluyen haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de los 90.
"Muchos ven este indulto como una compensación. Solo unos días antes, legisladores alineados con Fujimori ayudaron al actual presidente, un ex banquero de Wall Street, a evitar el juicio político por cargos de corrupción", resume Democracy Now.
