Después de muchos años de impulsarlo, pasando y superando una infinidad de dificultades, cuando la sola idea de empoderar a las regiones para convertirlas en territorios administrados por sus propias autoridades elegidas, era un quimera, este martes 5 de diciembre, en una jornada que quedará inscrita en la historia de Chile, aprobamos en el Senado –en segundo trámite– el proyecto de ley que permite la elección de la máxima autoridad regional, que ahora se llamará gobernador regional, quien será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, correspondiéndole presidir el Consejo Regional y ejercer las funciones de desarrollo social, cultural y económico que, en este ámbito y calidad, hoy se encuentran radicadas en el Intendente.
Semejante logro amerita que exprese mi enorme satisfacción; primero, por ser uno de los autores de poner en valor la necesidad de descentralizar nuestro país y avanzar hacia una efectiva regionalización, a través del traspaso de recursos y competencias reales a cada una de las regiones; y también, ser uno de sus principales impulsores, toda vez que jamás puse en duda esa misión, aun cuando ella siempre debió luchar contra viento y marea. A muchos les consta que durante años debimos sostener una causa que no siempre contó con la simpatía universal ni la adhesión transversal. Pero nunca nos detuvimos.
Este es el primer paso para empezar a descentralizar y desconcentrar efectivamente al Estado, en beneficio de nuestras regiones y de sus habitantes, proceso que, como iremos comprobando en la medida de su implementación, implicará la irrupción de una nueva cultura, una transformadora, mediante la cual seremos testigos de cómo las regiones invertirán la polaridad del poder y la dependencia del centralismo político-administrativo. A contar del año 2020, cuando elijamos a los primeros gobernadores –uno (o una) por cada una de las 16 regiones– la ancestral hegemonía capitalina radicada en unas pocas manzanas de Santiago, comenzará a ceder espacio a las decisiones tomadas por manos locales, desde Visviri al Cabo de Hornos, para lo cual debemos prepararnos.
No obstante, de nada servirá una ley que mande elegir autoridades regionales, si ella no está avalada por un cambio cultural que permita poner en marcha a las regiones desde una perspectiva propia y distintiva. Chile es un país vasto y diverso, poseedor de una geografía y un clima privilegiados, donde habitan sus pueblos originarios, donde desde antaño se han asentado inmigrantes venidos de todos lados del mundo para dar forma entre todos a ese acervo que reconocemos como nuestra chilenidad; una tierra noble y generosa que se abre paso hacia el desarrollo sustentable; pues bien, a contar de 2020 esa vastedad y diversidad deberán ser resignificadas desde la gobernanza de cada provincia y de cada comuna que forman una región.
Los gobernadores regionales tendrán un rol clave en el proceso de transformación que se pondrá en marcha en tres años más; ellos liderarán la estrategia de desarrollo regional –en términos de su planificación y prospectiva– mediante la participación ciudadana vinculante. Una vez elegidas las nuevas autoridades regionales, sin duda alguna, Chile ya no será el mismo Estado-Nación fundado en el siglo XIX: dejará de ser un país en vías de desarrollo para transformarse en un país desarrollado. Paso que no tendrá manera de concretarse sin el concurso de todos sus habitantes, quienes deberán asumir el desafío de unas nuevas regiones capaces de tomar sus propias decisiones. Este martes 5 de diciembre, quiero decirlo sin ninguna soberbia, tuve una de las mayores satisfacciones en mi trayectoria parlamentaria: votar a favor la elección directa de gobernadores regionales.
