El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores en nuestro país. Sin duda, se trata de una excelente noticia, pues fueron más de tres años de tramitación legislativa desde que esta iniciativa fue enviada al Congreso por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Este proyecto, pronto a convertirse en Ley, es una iniciativa pro ciudadana, ya que busca establecer una nueva institucionalidad para que en Chile tengamos una economía moderna que funcione en beneficio de los consumidores.
Este Ley cambia sustantivamente la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores, pues permite generar procedimientos más rápidos y eficaces, fortalece a las asociaciones de consumidores y entrega al SERNAC las facultades, fiscalizadoras, sancionatorias y normativas.
Es un proyecto que permitirá no sólo que exista un mejor estándar de protección al consumidor, sino también que estén los incentivos para que las empresas den soluciones y cumplan la Ley. Por ejemplo, en la actualidad el monto de las multas tiene una baja capacidad disuasoria, por lo que muchas prefieren pagarlas y seguir cometiendo las infracciones.
Con este nuevo marco legal, los techos de las multas suben, pero al mismo tiempo desaparecen los pisos, dando mayor margen a quien impone la sanción.
Además, esta normativa cambia la realidad a la que se enfrentan los consumidores cuando tienen un problema de consumo. Un dato: hoy en día un 8,4% de reclamos recibidos por el SERNAC ni siquiera son respondidos por las empresas. Con la nueva ley, los proveedores deberán responder, si no lo hacen, serán sancionados por el Servicio.
Otro aspecto relevante y práctico para los consumidores, es el tipo de respuesta entregada por las empresas. Actualmente, si ésta no es satisfactoria, lo que puede hacer la persona es interponer la denuncia ante el juzgado de policía local, con todo el costo económico y de tiempo que ello implica. Una vez que entre en vigencia la nueva ley, el consumidor podrá ir a una audiencia de conciliación con la empresa citada por el SERNAC.
Esta nueva ley, es que se hace cargo de los problemas generados por los servicios básicos, pues no todos los mercados cuentan con una avaluación legal de la indemnización para los consumidores en caso de suspensión o interrupción.
En esta nueva normativa se incorporó la obligación a los proveedores de servicios básicos que no tengan una obligación parecida en su normativa sectorial, a indemnizar a los consumidores afectados, las veces en que el suministro del servicio es interrumpido o suspendido sin justificación.
Asimismo, esta ley fortalece los procedimientos voluntarios colectivos, reconoce la posibilidad de reclamar el daño moral en los procedimientos colectivos, le entrega al SERNAC recursos que le permitirán abrir oficinas provinciales, como también incrementar el número de funcionarios para atender de mejor forma a los consumidores que acuden a sus oficinas, entre otros beneficios.
En definitiva, esta ley implicará un punto de inflexión en la relación que tienen los consumidores con las empresas en nuestro país, dando un salto significativo en materia de protección.
