El pasado 7 de junio constituimos una instancia inédita a nivel nacional: el Comité Asesor para la Reinserción Social. Luego de dos meses recorriendo el país, hemos instaurado esta comisión de trabajo en todas las regiones, desde Arica y Parinacota, hasta Magallanes y la Antártica.
Nunca antes en Chile se había reunido un grupo transversal, integrado por autoridades, ex ministros, el mundo de la academia, de los municipios, empresas privadas, iglesias, y servicios públicos especializados en materia de Reinserción Social con el objeto de discutir y diseñar -entre todos- políticas públicas de Estado, con una perspectiva de continuidad, que trascienda los gobiernos de turno.
La delincuencia es un fenómeno extremadamente complejo vinculado a la marginalidad, a la pobreza, a la falta de oportunidades y, en general, a los más jóvenes. De las cerca de 42 mil personas privadas de libertad en nuestro país, un 46% tiene entre 18 y 29 años.
Pese a estas crudas, pero reveladoras cifras, hay muchos que insisten erróneamente en afirmar que la forma de combatir la delincuencia es metiendo más personas en las cárceles. Como sociedad debemos entender que si bien es importante que una pena genere el efecto de pagar la culpa por el daño causado, el período que una persona pasa en un recinto penal debe servir para que los internos se capaciten y eduquen, para que cuando salgan –porque en la mayoría de los casos cumplirán sus condenas y quedarán en libertad - cuenten con las herramientas para reinsertarse, y en algunos casos derechamente “insertarse” en la sociedad, y lo que es aún más importante, no vuelvan a delinquir, sobre todo si se considera que un 45% de quienes están privados de libertad son reincidentes.
El año pasado 15.472 internos accedieron a programas educativos al interior de unidades penales y 1.663 rindieron la PSU. Estos esfuerzos, aunque importantes, aún son insuficientes. Estudios recientes revelan que cerca del 85% de las personas privadas de libertad no han terminado la educación formal, lo que demuestra un estrecho vínculo entre falta de oportunidades y delincuencia, relación que queda de manifiesto al constatar que cerca de un 45% de los delitos cometidos por las personas recluidas son contra la propiedad (robos y hurtos).
Por otra parte, el 50% de la población penal desarrolló algún tipo de actividad laboral en 2016. Una cifra que si bien es destacable, debemos incrementar, considerando que aquellos que acceden a programas especializados presentan un porcentaje de reincidencia significativamente menor que el de la población penal que egresa sin este tipo de intervención.
El trabajo colaborativo entre ministerios, servicios públicos, instituciones privadas y religiosas, resulta fundamental para fortalecer los proyectos de Reinserción Social, en el entendido que el paso de un condenado por un recinto penitenciario no debe implicar tan solo el cumplimiento de una pena, sino que debe ser una oportunidad para educarse y adquirir valores, bajo un propósito restaurativo, que les permita reintegrarse a la sociedad.
Es por ello que el Comité Asesor para la Reinserción Social -que a partir de ayer ya sesiona a lo largo de todo Chile-, busca erigirse como una instancia donde converjan intersectorial y transversalmente todos los actores vinculados a la materia. Como sociedad debemos comprender que la fórmula más eficiente para disminuir la delincuencia, y así lo han resuelto las democracias más avanzadas del mundo, es que junto a una política de control delictual, se priorice por sobre cualquier otra medida, la incorporación de todos sus ciudadanos a la sociedad. De ahí la gran trascendencia de esta iniciativa que como Gobierno estamos impulsando.
