El Ministerio de Obras Públicas ha incrementado de manera significativa su presupuesto y ejecución de obras en las distintas regiones de Chile, las que han experimentado un importante alza en sus estándares; sin embargo, no todas están exentas de algunos problemas, los que la Contraloría ha podido evaluar mediante una crítica constructiva en períodos de diferentes gobiernos, encontrando muchos errores significativos a corregir.
En el caso de la Región de Aysén, el incremento de esta cartera, con el Programa de Zonas Extremas, ha llegado a los 100 mil millones de pesos, máximo histórico que ha tenido y que se ha visto reflejado en importantes obras de infraestructura, principalmente en ensanche, mejoramiento y pavimentación del Camino Austral; en la construcción de terminales, pistas de aeropuertos y obras portuarias, así como en el mejoramiento de sistemas de agua potable rural.
En una Cuenta Pública realizada en el sector central de la Patagonia –en la localidad de La Junta, de los ríos Palena y Rosselot– se generó una instancia participativa en la que dirigentes sociales, políticos y alcaldes junto con valorizar el proceso, planteamos la necesidad de concurrir a una segunda fase de incorporar en paralelo los territorios aislados a esta infraestructura de mayor estándar.
Respecto a Aysén –en el centro de la Patagonia–, se trata de más de 100 valles productivos con atractivos turísticos y que dan acceso a áreas silvestres protegidas por el Estado, que requieren de conectividad a través de caminos de penetración, balsas, pasarelas o puentes menores, y embalses medianos de multipropósito. De no concretarse este tipo de obras, la gente queda virtual pero no efectivamente conectada, ya que el potencial de sus predios no se pone al servicio de la actividad económica, social, ambiental y cultural de todas las regiones de nuestro país. La conectividad integral permite además prevenir y combatir incendios y hacer un mejor uso del agua en el fenómeno de cambio climático. Más efectiva resultará esta participación con ordenamiento territorial vinculante.
Por ello, ante la inminencia de un Fondo de Infraestructura que va a adelantar ingresos de peajes para acometer infraestructura de manera equitativa –en términos territoriales a nivel del país– se hace necesario disponer de un programa paralelo especial que incluya obras por administración, con una fuerte dosis de contratistas regionales y locales con el objetivo de que este ministerio pueda dotar de manera gradual su infraestructura, haciéndolo de un modo equitativo desde el punto de vista social y territorial, de manera de dinamizar una economía sustentable desde regiones y localidades para un Chile de verdad.
